Los Verdes, Unificación Comunista de España o Falange Española de las
JONS, entre otros. 16 partidos minoritarios de ideologías dispares han
conseguido ponerse de acuerdo en una cosa: consideran la reforma de la ley electoral,
que por primera vez les ha exigido avales para concurrir a las
elecciones generales, un “golpe a la democracia” y al pluralismo
político. A dos días del comienzo oficial de la campaña, han hecho
público un Manifiesto en defensa del pluralismo político para exigir la modificación del artículo y también la anulación de la instrucción de la Junta Electoral Central que dejó fuera a 178 candidaturas para los comicios del 20-N.
El portavoz del Partido Pirata en Madrid, Daniel Riaño,
que ha leído el Manifiesto, ha explicado que la mayoría de los
presentes habían recurrido la no proclamación de sus candidaturas pero
que los fallos sobre esos recursos están siendo contradictorios de una
provincia a otra.
El propio Partido Pirata ha sido excluido de las elecciones en Madrid. Por su interés reproducimos completo el Manifiesto firmado por los dieciséis partidos.
Manifiesto en defensa del pluralismo político
Cuando hace 33 años se aprobó Constitución vigente, se fijaron unas
normas claras sobre cuál sería el sistema democrático en el que
queríamos vivir. La Constitución de 1978 declara ya desde su artículo
primero que el pluralismo político es un valor superior de nuestro
ordenamiento jurídico y durante más de tres décadas las Cortes
Generales, los tribunales, los partidos políticos y toda la ciudadanía
han considerado que el pluralismo es un pilar de nuestra democracia.
Sin embargo el 21 de diciembre de 2010, el pluralismo político fue
puesto en cuestión cuando el Parlamento, casi a escondidas, sin debate
ni publicidad, aprobó la reforma del artículo 169 de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General, un artículo que impide a la mayoría de las
opciones alternativas su participación en unas Elecciones Generales.
La nueva redacción del artículo 169 de esta ley exige a los partidos
que no tienen actualmente representación parlamentaria que recojan el
aval del 0,1% de las personas censadas en cada provincia para poder
presentarse a las elecciones Generales. Antes de seguir adelante en
nuestra denuncia de lo que consideramos uno de los mayores ataques a la democracia en nuestro país,
nos gustaría hacer una pequeña reflexión para que todos los ciudadanos y
ciudadanas se puedan hacer una idea de cuál es el calado de esta
medida, y puedan apreciar cómo no exageramos al calificarla de auténtico
ataque a la democracia:
La exigencia de esta cantidad de avales implica que un partido que
quiera presentarse como alternativa política democrática en toda España
deberá recoger alrededor de 40.000 firmas en el plazo de menos de 20
días. Esto supone que cada uno de estos partidos y formaciones políticas
deberá invertir como mínimo 3.300 horas para recoger avales, a razón de
más de dos mil firmas diarias, mientras los grandes partidos se dedican
a preparar sus campañas. Tres mil trescientas horas multiplicadas por
cada partido que quiera presentarse en toda España, y financiadas con
sus propios recursos.
Cuando llegó el momento en que todos los partidos firmantes, en
cumplimiento de la ley nos, disponíamos a recoger los avales, el
Ministerio del Interior retrasó la presentación del modelo oficial para
poder recoger las firmas, reduciendo el ya de por sí exiguo plazo de 20
días. En tal modelo, se incluían requisitos no previstos por la ley,
haciendo el proceso de recogida de firmas aun más laborioso. Además, las
Juntas electorales pusieron distintas trabas no justificadas para
recoger las firmas por vía electrónica. A la hora de efectuar el
recuento de avales, las Juntas Electorales procedieron a eliminar entre
un 8 y un 14% de las firmas por diversos motivos. Finalmente, estas
Juntas han aplicado unos criterios diversos, contradictorios de una
provincia a otra, a la hora de aceptar recursos contra sus resoluciones.
El resultado es que los partidos deben reunir muchas mas firmas de
las previstas, en mucho menos tiempo, y sin garantías de qué criterio
seguirán las Juntas electorales para aceptarlos.
Por último, a través de una instrucción emitida el 20 de Octubre,
tal y como se ha denunciado ante los tribunales, la Junta Electoral
Central, saltándose sus mismas normas con carácter retroactivo y
cambiando las reglas de juego a mitad de la partida, dejó en la más
absoluta indefensión a 178 candidaturas de más de 30 organizaciones. Es
decir el 30% de todas las candidaturas y el 40% del total de opciones
políticas presentadas, despreciando la voluntad de miles de ciudadanos y
ciudadanas que las han avalado con sus firmas.
En resumen, con esta modificación de la Ley Electoral, su desarrollo
y ejecución, la norma que debe garantizar la pluralidad política, se
convertía en lo contrario.
Los partidos y grupos que firmamos este manifiesto representamos una
enorme variedad de opciones políticas legalmente reconocidas por
nuestro ordenamiento. Cada una de estas opciones pretendemos servir a la
sociedad en su conjunto desde nuestras diferentes posiciones
ideológicas y siempre con respeto a la ley. Respetamos y defendemos el
sistema que les da a los ciudadanos y ciudadanas la capacidad de elegir a
sus representantes en el Parlamento y en el Senado como base de nuestra
convivencia democrática. Esta pluralidad de opciones es lo que le
otorga riqueza a la democracia y lo que, en último término, le permite
evolucionar y adaptarse a los nuevos retos de nuestras sociedades.
La razón por la que nos hemos reunido hoy es denunciar este proceso
que en la práctica viola la capacidad de las organizaciones democráticas
para concurrir a las Elecciones Generales en defensa de sus ideales, en
igualdad de condiciones y cumpliendo con la Constitución y las leyes de
nuestro ordenamiento. La convivencia en una sociedad democrática se
basa en disponer las reglas para que las opciones políticas legítimas
puedan presentarse a las elecciones. Éste es el único modo de que las
opciones democráticas de los ciudadanos y ciudadanas se expresen
realmente en las urnas. Si se le impide a la ciudadanía que pueda elegir
opciones democráticas alternativas, no sólo se coarta la democracia,
sino que se condena al sistema político a un desgaste continuo por falta
de adaptación a los nuevos retos de la sociedad.
Los firmantes de este manifiesto exigimos del Parlamento y el Senado que modifique la actual redacción del artículo 169 de la LOREG
para garantizar la igualdad de los partidos políticos y el pluralismo, y
exigimos sea anulada la instrucción mediante la cual la Junta Electoral
Central rechazó las candidaturas, para que sean admitidas todas
aquellas que, a día de hoy, podrían concurrir a las elecciones. Incluso
habiendo cumplido con lo dispuesto en la reforma, que no compartimos por
diferentes motivos, y de haber recogido los avales necesarios, los
partidos firmantes hacemos público este manifiesto para denunciar
semejante golpe a la democracia.
Reclamamos de los legisladores y los tribunales que cumplan su deber
de defender las instituciones democráticas y el principio de pluralismo
político que se consagra desde el mismo artículo primero de la
Constitución. Exigimos que los tribunales amparen todas las opciones
democráticas y a los votantes que quieren ejercitar el derecho a elegir
libremente a sus representantes en un sistema pluralista y democrático
como el que consagra la Constitución. Les pedimos a todos los ciudadanos
y ciudadanas de España, sea cual sea su ideología, su adscripción
política o el partido al que vayan a votar en las próximas elecciones,
que sean conscientes de esta amenaza a nuestras instituciones
democráticas.
FIRMANTES:
Ciudadanos de Centro Democrático
Demos el Cambio
El Centro
Escaños en Blanco
Falange Española de las JONS
Hartos.org
Izquierda Republicana
Los Verdes Grupo Verde
Mayoría Democrática
Partido Abre Tus Ojos
Partido de Internet
Partido Humanista
Partido SAIn
Partit Republicà d’Esquerra
Pirata
Unificación Comunista de España